BOLETIN INFORMATIVO MES FEBRERO

  • Fomento ha asegurado que las ayudas previstas en el Plan de Vivienda 2018-2021, aún pendiente de desarrollo normativo, tendrán carácter retroactivo con fecha 1 de enero de 2018. El plan, presentado en mayo del año pasado, ha superado ya el trámite de audiencia, ha señalado De la Serna, quien ha apuntado que en este proceso se han incorporado más del 50% de las sugerencias planeadas por autonomías, ayuntamientos y profesionales. Finalizado el trámite de audiencia, se elevará a Consejo de Ministros el real decreto que lo desarrollará para su aprobación. Posteriormente, en la primera quincena del mes de marzo, se convocará la Conferencia Sectorial y, a partir de ahí, se celebrarán los correspondientes convenios con las autonomías, ha afirmado el ministro de Fomento, ha apuntado.

 

  • Solo el 10% de las empresas españolas cumple con la nueva normativa de protección de datos, frente a una media europea del 20%, y otro 20% asegura tener planes sólidos para asegurar su cumplimiento. Así lo refleja un estudio de la consultora IDC y Microsoft que analiza la situación de 100 compañías de más de 250 empleados de diferentes sectores de actividad a cierre de 2017. Según estima, las organizaciones españolas van a invertir un total de 140 millones de euros durante 2018 para hacer frente a la adaptación de sus procesos y sistemas al GDPR, lo que supone un 44% más que el año anterior.

 

  • La prestación por desempleo es más corta, baja y con menos beneficiarios. El gasto en desempleo fue en 2017 de 17.474 millones de euros, la cifra más baja desde 2007. Frente a 2009, con un número similar de desempleados, el importe del gasto en prestaciones ha caído un 44%. La principal diferencia entre uno y otro ejercicio se debe a la diferente tasa de cobertura. Mientras que el pasado año, sólo el 58,6% de los parados percibía un subsidio, en 2009 tenían este derecho el 80% de los mismos. En este mismo sentido, hay que destacar que ahora más de la mitad (el 56%) de los que perciben una prestación, la reciben asistencial, es decir, no vinculada a haber tenido un empleo anteriormente. El paro de larga duración ha hecho que muchos desempleados agoten sus prestaciones contributivas (habitualmente de mayor cuantía) y les obligue a pedir un subsidio asistencial. En 2009, el porcentaje de parados con prestación asistencial era del 30%.

 

  • El TS desestima la devolución a las gasolineras del ‘céntimo sanitario’ repercutido a sus clientes. La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido que no procede que las gasolineras obtengan la devolución de las cantidades que pagaron como sujetos pasivos por el impuesto sobre hidrocarburos denominado ‘céntimo sanitario’, que fue declarado contrario a derecho por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, cuando, tras haber repercutido el tributo en el consumidor final e ingresado el importe repercutido en las arcas públicas, éste último (el consumidor final) no puede conseguir el reintegro por resultarle imposible acreditar la repercusión que soportó.

 

  • La AN rechaza que el permiso laboral por matrimonio se deba extender a los trabajadores con otros tipos de vínculos de convivencia. En concreto, declina que pueda aplicarse, si no lo recoge el convenio, a las trabajadoras y los trabajadores que constituyen parejas de hecho o a los nuevos modelos de convivencia familiar continuada y de género distinto al de las uniones matrimoniales. La sentencia, de 8 de enero de 2018, explica que, en el asunto estudiado, «la interpretación literal del precepto es clara, reconociendo un permiso de quince días naturales en caso de matrimonio, debiendo aplicarse el principio in claris non fit interpretatio, que obliga a rechazar la interpretación del sindicato demandante. La representación de los trabajadores insistía en que vulneraba el principio de igualdad que establece el art.14 de la Constitución Española.

 

  • Una madre no puede oponer el derecho de uso al adquirente o adjudicatario de la vivienda enajenada en subasta pública, con independencia de que éste sea un tercero ajeno al núcleo familiar o quien fue su pareja de hecho y copropietario del bien, pero que concurrió a la subasta y pujó, como lo hizo ella, aunque solo por la plaza de garaje. La subasta pública de la casa extingue el domicilio familiar. Así, lo determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 6 de febrero de 2018.

 

  • Francia deroga la tasa de 40 euros por cada trabajador desplazado a dicho país. El Ministerio de Empleo francés pretendía cobrar la tasa desde el pasado 1 de Enero, lo que afectaba principalmente a los 20.000 conductores españoles que diariamente cruzan la frontera. Fenadismer recurrió dicha medida ante la Comisión Europea por ser incompatible con la legislación europea. El pasado 9 de Febrero se haya dictado mediante el Decreto 2018-82 la derogación definitiva de la referida tasa, al considerar que su imposición “no está justificada” y se considera “una medida proteccionista” incompatible con la legislación europea, según se señala en el citado Decreto aprobado por el Gobierno galo.

 

  • Al haber permanecido inalterados los tramos del IRPF, los contribuyentes sufrirán una subida encubierta del IRPF que provocará la pérdida de unos 870 millones de euros para los contribuyentes este año, en el caso de que sus salarios se hubieran actualizado conforme a la inflación. La no actualización del IRPF había tenido un efecto neutro durante los últimos años, dado que la ausencia de inflación hacía que no fuera necesario deflactar la tarifa. Sin embargo, los precios empezaron a subir con fuerza el año pasado y continuarán haciéndolo este ejercicio, impulsados por el aumento de los precios del petróleo y la recuperación de la demanda interna. Además, la progresiva normalización de los sueldos, junto con el constante incremento del Salario Mínimo, también tirará con fuerza de los precios, haciendo que cada vez sea más necesario ajustar los tramos del IRPF.

 

  • El TS aclara los plazos para rectificar cuotas del IVA repercutidas en exceso. En una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el alto tribunal resuelve el litigio suscitado por dos entidades que firmaron una venta de parcelas con previsión de modificación del precio, al alza o a la baja, en función del futuro de los planes urbanísticos que las regían. La resolución del Supremo determina, sin embargo, que existen dos plazos sucesivos. En primer lugar, la factura rectificativa debe emitirse dentro del plazo de cuatro años, independientemente de si la modificación es al alza o a la baja. Y, en segundo término, una vez producida dicha rectificación a la baja, el sujeto pasivo cuenta con un plazo de un año para regularizar su situación tributaria, sin perjuicio de que pueda optar por iniciar un procedimiento de rectificación de su autoliquidación.

 

  • La patronal CEOE quiere que no se regulen normativamente percepciones económicas para los estudiantes en prácticas, ya que ello podría limitar la capacidad de las empresas para acogerlos. Así lo señala en un documento de trabajo de 46 páginas titulado ‘El aprendizaje: clave de la mejora de la empleabilidad y la competitividad’ que ha remitido a las Secretarías de Estado de Educación y de Empleo. Ante la «desfavorable» evolución del contrato para la formación y el aprendizaje por las dificultades que entraña su utilización, CEOE plantea en este documento una serie de modificaciones.

 

  • El TJUE establece que el tiempo de guardia domiciliaria de un trabajador que debe responder a las llamadas del empresario en un plazo de tiempo breve debe considerarse «tiempo de trabajo». El servicio de protección contra incendios de la ciudad de Nivelles (Bélgica) está compuesto por bomberos profesionales y voluntarios. La obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de tiempo breve limitan considerablemente las posibilidades que tiene un trabajador de dedicarse a otras actividades.

 

  • El Senado insta a reducir la brecha salarial e igualar los permisos de paternidad. El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles 21 de febrero, por unanimidad, una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios a una moción consecuencia de interpelación redactada por el PSOE por la que insta al Gobierno a equiparar por ley la duración de los permisos de paternidad, estableciéndolo en 16 semanas intransferibles, y a sancionar a las empresas que incumplan la Ley de Igualdad. La iniciativa insta al Gobierno a adoptar, previo acuerdo en el marco del diálogo social, las medidas necesarias para continuar trabajando en la reducción de la brecha salarial de género, priorizando la implementación de siete medidas concretas.

 

  • El próximo Plan de Vivienda 2018-2021 facilitará a las comunidades autónomas el alquiler a personas que hayan sufrido el desahucio de su vivienda habitual en pisos propiedad de bancos u otros propietarios que se encuentren vacíos. El Ministro de fomento ha señalado que aunque los datos de lanzamientos de viviendas «aún es preocupante», ha destacado que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de ejecuciones «ha alcanzado su cifra más baja desde 2008».

 

  • Varios fallos anulan el doble castigo bancario al saldo negativo y protegen a las pymes de las comisiones por descubierto abusivas. Penalización bancaria que con frecuencia se traduce en el cobro de varias comisiones como la de descubierto, por el saldo negativo, la de excedido, por el tiempo que tarda en ponerse al día, o la reclamación de posiciones deudoras, a las que se suma un interés de demora. En los últimos tiempos, sin embargo, los tribunales han comenzado a anular estos cobros al entender que se trata de un doble castigo automatizado que no obedece a la prestación de un servicio real, como exige la regulación.

 

  • Hacienda dispuesta «a crear empleo neto». Hacienda y las principales organizaciones sindicales de los funcionarios han cerrado prácticamente este jueves un acuerdo en materia de empleo que supone reforzar el suscrito en marzo del año pasado, con lo que se universalizará el proceso de estabilización y permitirá rebajar la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas al 8% en el periodo 2018-2020, así como la creación de nuevo empleo público. El acuerdo previsiblemente supondrá aumentar las tasas de reposición en los sectores prioritarios y no prioritarios. Las partes se volverán a reunir el lunes para avanzar en la negociación referida a las condiciones de trabajo, especialmente en la recuperación de la jornada de 35 horas y de recuperación del cobro íntegro del salario cuando los trabajadores públicos se encuentran en una situación de IT. También será cuando Hacienda y sindicatos tratarán la cuestión salarial.

 

  • La Seguridad Social reconoce, por primera vez, el síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional a una vendedora. La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Bizkaia ha emitido una resolución por la que reconoce que el síndrome del túnel carpiano que padece A.I.C.G. es una enfermedad profesional. La mutua Fremap tendrá que hacerse cargo de las prestaciones que se deriven de esta enfermedad profesional. En 2014, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo, también las limpiadoras fueron reconocidas como posibles afectadas por esta enfermedad laboral.

 

  • El Gobierno prevé aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 en el Consejo de Ministros anterior a la Semana Santa, según ha avanzado el ministro de Hacienda y Función Pública. De esta manera, ha explicado, las cuentas entrarían en el Congreso de los Diputados «con tiempo suficiente» para estar aprobadas a finales de junio, con lo que no se solaparía con el debate del techo de gasto de 2019. El Gobierno está «trabajando» para recabar los apoyos necesarios, ha explicado el ministro, quien ha añadido que confía en contar con ellos a finales de abril, cuando se debatan las enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario.

 

  • Las trabajadoras embarazadas pueden ser despedidas con motivo de un despido colectivo. El Tribunal de Justicia de la UE establece que una decisión de despido que se haya tomado, durante el período comprendido entre el comienzo del embarazo y el final del permiso de maternidad, por razones no relacionadas con el embarazo de la trabajadora no es contrario a la Directiva 92/85 si el empresario comunica por escrito motivos justificados de despido y el despido de la trabajadora está admitido por la legislación o práctica del Estado miembro en cuestión. Por consiguiente, los motivos no inherentes a la persona de los trabajadores que pueden alegarse en el marco de los despidos colectivos, en el sentido de la Directiva 98/59, constituyen casos excepcionales no inherentes al estado de las trabajadoras, a efectos de la Directiva 92/85. Seguidamente, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva 92/85 no se opone a una normativa nacional que permite al empresario despedir a una trabajadora embarazada en el marco de un despido colectivo sin comunicarle más motivos que los que justifican ese despido colectivo, siempre y cuando se indiquen los criterios objetivos que se han seguido para designar a los trabajadores afectados por el despido.

 

  • El TC blinda la exención del impuesto de transmisiones para las confesiones religiosas. Tumba la ley foral de Guipúzcoa que suprimió este beneficio fiscal en 2012. El Tribunal Constitucional sostiene que un ente territorial no puede eliminar la exención fiscal establecido por la norma estatal a una confesión religiosa. Si bien el caso en litigio se circunscribe a una comunidad musulmana, la anulación de la norma foral también beneficia a la Iglesia Católica.

 

  • Los proveedores y comerciantes de aspiradoras no pueden usar etiquetas adicionales que reproduzcan o precisen la información que figura en la etiqueta energética establecida por un Reglamento de la UE, según conclusiones del Abogado General del TJUE. Además, la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales no es aplicable a los aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales regulados por el Reglamento, ya que éste no deja ningún margen de discrecionalidad a las empresas afectadas, tales como la obligación de usar una etiqueta energética precisa y la prohibición de usar etiquetas adicionales que reproduzcan o precisen la información que figura en aquélla. Por tal motivo, a su modo de ver, no es necesario comprobar si existe una omisión engañosa en el sentido de la Directiva.

 

  • La AN establece que la notificación de incidencias a los empleados mediante una plataforma informática, cuando anteriormente se hacía por correo electrónico, no constituye modificación sustancial colectiva de condiciones de trabajo, que requiera período de consultas previo. De este modo, el fallo avala el cambio y rechaza que suponga una exigencia al personal afectado de funciones adicionales que no sean acordes a su competencia profesional. La organización sindical demandante sostenía que con la implantación del uso obligatorio de la plataforma digital se han atribuido a los técnicos comerciales de la empresa demandada funciones propias de los administrativos, aumentando desmesuradamente su carga de trabajo.

 

  • El TEAC dictó una resolución en la que una vez más sostiene que los intereses de demora derivados de las actas de inspección (intereses de las actas») son un gasto fiscalmente no deducible (GND) en el Impuesto sobre Sociedades (IS). La resolución, de 4 de diciembre de 2017, se ampara en la necesidad de ceñirse a una incierta jurisprudencia del TS sobre el particular. Las Sentencias a que el TEAC alude se refieren a la Ley 61/1978, del IS, derogada el 1 de enero de 1996 y sustituida por otra sustancialmente diferente. A juicio del articulista, considerar que el criterio establecido para la interpretación de una norma debe mantenerse invariable cuando esta sea derogada y sustituida por otra diferente, es esencialmente ilógico.

 

  • Fomento dará subvenciones a quienes construyan o rehabiliten edificios para el arrendamiento. Los promotores podrán obtener la subvención en dos supuestos, según el borrador del Plan de Vivienda. Los promotores están obligados a destinar las viviendas por un plazo de al menos 25 años al arrendamiento. Podrán acceder a estos alquileres quienes cobren menos de 28.500 euros. Además de este programa, la medida estrella del Plan de Vivienda será la subvención del alquiler de todas las personas que ingresen al año menos de19.000 euros, vivan donde vivan.

 

  • La CE quiere gravar los ingresos de las grandes empresas digitales en función de dónde se encuentren sus usuarios en lugar de hacerlo por la ubicación de su sede, a un tipo de entre el 1% y el 5%, según un borrador del documento de la Comisión. La propuesta dice que el impuesto debería aplicarse a las empresas con ingresos mundiales superiores a los 750 millones de euros y con al menos 10 millones de ingresos digitales en la UE. El documento está sujeto a cambios antes de su publicación, que se espera para la segunda quincena de marzo. El impuesto sería una medida temporal hasta que se apruebe una solución más integral sobre impuestos digitales justos, dijo la Comisión. El pasado 17 de febrero, el ejecutivo español anunciaba que prepara una normativa que garantice que las empresas digitales tributen por su actividad en España independientemente de donde tengan su domicilio fiscal.

 

  • La reforma de las costas procesales, impulsada por el Partido Socialista el pasado mes de septiembre y que supone una revisión radical del sistema vigente en la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, está en punto muerto. Desde que se aprobó su tramitación, los plazos para presentar enmiendas se han prorrogado hasta en seis ocasiones; la última, la semana pasada. La reforma de las costas tiene su principal escollo en lo relativo a los juicios civiles, según las explicaciones dadas por los cuatro grandes partidos.

 

  • La CNMC ha advertido públicamente al Gobierno que le llevará ante el TS si no deroga el Real Decreto que frena la actividad de los vehículos para el transporte de pasajeros con conductor (VTC) en favor del taxi. «La CNMC realiza este requerimiento para que el Gobierno suprima voluntariamente las limitaciones detectadas y evitar así un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo», asegura el superregulador en un comunicado.

 

  • Los Veintiocho han aprobado la nueva normativa que prohíbe el geobloqueo injustificado en las compras por Internet en el mercado interior. La nueva normativa acabará con las barreras actuales al comercio electrónico al garantizar que se evite la discriminación entre consumidores por motivos de nacionalidad, lugar de residencia o de establecimiento. Eso sí, los servicios que ofrecen acceso a contenidos protegidos por copyright para su uso o venta, como los servicios de música en streaming, los libros electrónicos, los juegos en línea y software, quedan excluidos de momento de la normativa, algo que revisará a Comisión Europea en un plazo de dos años tras evaluar el impacto de las nuevas normas en el mercado interior, una vez entren en vigor. Igualmente, los servicios financieros, audiovisuales, de transporte, salud y sociales quedan excluidos. En concreto, la nueva normativa impedirá la discriminación de consumidores y compañías en cuanto precios, ventas o condiciones de pago a la hora de comprar productos o servicios en otro país de la UE.

 

  • El Ministerio de Economía tratará de revertir la tendencia a la concentración de las exportaciones de bienes en Europa. España cerró 2017 con un nuevo record exportador (272.000 millones de euros) y un repliegue generalizado de las empresas hacia los mercados tradicionales europeos. El 52% de las ventas de bienes se dirigieron a la zona euro, porcentaje que crece hasta el 67% si se incluyen todos los países europeos. El plan de actividades para este año del ICEX es un reflejo de esa voluntad. Este organismo realizará 1.589 actividades a lo largo de este año, con una mayor presencia de los países americanos y asiáticos. “Vamos a abrir oficinas comerciales en Nueva Zelanda, Bangladesh y Etiopía y estamos trasladando personal desde otras oficinas en las que ya no es necesaria la presencia de ese personal. Así ha sucedido con trabajadores de las oficinas en Ginebra, París y de los Países Bálticos”.

 

  • Los juristas muestran su preocupación con la decisión de la CE que considera los laudos de renovables ayudas de Estado, por la que España puede ahorrarse 7.500 millones en arbitrajes. Esta decisión supone un alivio para las arcas españolas y un importante varapalo de Bruselas a los intereses del arbitraje internacional como método seguro para resolver conflictos empresariales y de inversión. Juristas y árbitros consultados por este diario muestran su preocupación con esta resolución, que amenaza el futuro del arbitraje comercial en la UE.

 

La Orden ESS/55/2018, publicada en el BOE de 29 de enero de 2018. Normas de cotización 2018

La Orden ESS/55/2018, publicada en el BOE de 29 de enero de 2018, desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018, con efectos desde el día 1 de enero de 2018.

La Orden mantiene las cuantías del TOPE MÁXIMO de la base de cotización a la Seguridad Social en aquellos regímenes que lo tengan establecido y las bases máximas de cotización aplicables en cada uno de ellos.

Actualiza, en general, las bases mínimas que anualmente aumentan en la misma proporción en que lo hace el salario mínimo interprofesional, que se ha incrementado un 4%.

A continuación destacamos las principales novedades en las cuantías:

Régimen Especial Seguridad Social trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA):

Se mantienen los tipos de cotización existentes en el año 2017.

La base mínima de cotización se mantiene en 919,80 euros mensuales.

La base mínima de cotización del autónomo que en algún momento del año 2017 y de manera simultánea hay tenido contratado 10 o más trabajadores por cuenta ajena, así como la del autónomo societario se incrementa un 4 %, quedando establecida en 1.199,10 euros mensuales.

La base máxima de cotización se mantiene en 3.751,20 euros mensuales.

La base de cotización para autónomos que, a 1 de enero de 2018, sean menores de 47 años de edad será la elegida por estos, dentro de los límites que representan las bases mínima y máxima.

Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2017 haya sido igual o superior a 2.023,50 euros mensuales, o causen alta en este régimen especial.

Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2018, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 2.023,50 euros mensuales no podrán elegir una base de cuantía superior a 2.023,50 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2018, lo que producirá efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación.

Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, hayan cotizado en 2017, respecto de contingencias comunes en régimen de pluriactividad y teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen de Seguridad Social que corresponda por su actividad por cuenta ajena, así como las efectuadas en el régimen especial, por una cuantía igual o superior a 12.739,08 euros tendrán derecho a una devolución del 50 % del exceso en que sus cotizaciones ingresadas superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 % de las cuotas ingresadas en el régimen especial en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria.

La devolución se efectuará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social antes del 1 de mayo de 2018, salvo cuando concurran especialidades en la cotización que impidan efectuarlo en ese plazo o resulte necesaria la aportación de datos por parte del interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad a esa fecha.

 

Régimen General de la Seguridad Social (RGSS):

 El tope máximo de la bases de cotización al Régimen General se mantiene en 3.751,20 € mensuales.

 

El tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional será equivalente al SMI vigente en cada momento, incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a 858,60 euros mensuales, que supone un incremento del 4%.

Las bases máximas para la cotización por contingencias comunes se mantiene para los grupos de cotización 1 a 7 en 3.751,20 €/mes, y para los grupos 8 a 11 en 125,04 €/mes.

Las bases mínimas para la cotización por contingencias comunes se incrementan un 4%, y queda establecida en 1.199,10 €/mes para el grupo 1 de cotización, en 994,20 €/mes para el grupo 2, en 864,90 €/mes para el grupo 3, y en 858,60 €/mes para los grupos de cotización 4 a 7. La base mínima para los grupos de cotización 8 a 11 es de 28,62 €/día.

Se mantienen los tipos de cotización existentes en el año 2017, así como los tipos de la cotización adicional por horas extraordinarias.

Sistema Especial Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el RGSS:

Las bases máximas por contingencias tanto comunes como profesionales durante los períodos de actividad se mantienen, y las bases mínimas se incrementan un 4 %.

 En el año 2018, la base mensual de cotización aplicable para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este sistema especial durante los períodos de inactividad será de 858,60 euros (+4%).

El tipo de cotización por contingencias comunes, aplicable durante los períodos de actividad a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, es de 23,35 %, siendo el 18,65 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.

Se incrementan las reducciones en las aportaciones empresariales a la cotización a este sistema especial durante los períodos de actividad con prestación de servicio, respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 11.

Cotización Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el RGSS:

 Las bases de cotización por contingencias comunes se han incrementado un 4 % a partir del 1 de enero de 2018, y el tipo de cotización por contingencias comunes será el 27,40 %, siendo el 22,85 % a cargo del empleador y el 4,55 % a cargo del empleado.

Se mantiene la reducción del 20% en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema especial, a los empleadores que hayan contratado, bajo cualquier modalidad contractual, y dado de alta en este Sistema Especial a un empleado de hogar a partir del 1 de enero de 2012, siempre y cuando el empleado no hubiera figurado en alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, dentro del período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011, y la ampliación de esta reducción con una bonificación del 45% para las familias numerosas.

Otros incrementos:

A partir de 1 de enero de 2018, las bases mínimas de cotización por contingencias comunes por horas aplicables a los contratos de trabajo a tiempo parcial se incrementan un 4%.

 

En el año 2018, las cuotas mensuales de cotización a la Seguridad Social y demás contingencias protegidas por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje se incrementa un 4%.

 

Otras informaciones:

 

El RD 1077/2017 establece la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional del año 2018, que se incrementa un 4%. El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, queda fijado en 24,53 euros/día o 735,9 euros/mes.

El IPC general en el mes de diciembre de 2017 es del 1,1%.